Funciones y características del defensor del pueblo

Una característica destacada es su accesibilidad a todos los ciudadanos. El Defensor del Pueblo es elegido por el Parlamento, lo que le confiere legitimidad democrática. Presenta anualmente un informe al Parlamento sobre su gestión y las principales problemáticas detectadas.

No sustituye a los tribunales de justicia, pero complementa su labor. Su labor se centra en escuchar y atender las demandas de la sociedad. Una de sus características más importantes es la imparcialidad. Pueden abarcar temas como la sanidad, la educación, la vivienda o el medio ambiente.

Debe rendir cuentas ante el Parlamento sobre su gestión y resultados. Actúa con objetividad y neutralidad, sin tomar partido por ninguna de las partes.

Su función de supervisión se extiende a todos los ámbitos de la administración pública, salvo la actividad judicial. Su legitimidad reside en la confianza depositada por la ciudadanía y el Parlamento. Representa un canal de comunicación directo entre los ciudadanos y el poder público.

No tiene potestad para anular actos administrativos ni imponer sanciones, pero sus recomendaciones suelen ser acatadas. Su función principal es supervisar la actividad de la Administración pública. También controla la actividad de las empresas públicas y los organismos autónomos.

Examina la actuación de los funcionarios públicos, garantizando la transparencia y la legalidad. Su mandato tiene una duración determinada, garantizando su independencia. El Defensor del Pueblo vela por los derechos fundamentales y las libertades públicas de los ciudadanos.

Su investigación es gratuita y no requiere la intervención de un abogado. Ofrece una vía alternativa y gratuita para la resolución de conflictos. Es un garante del Estado de Derecho. Investiga las quejas y reclamaciones presentadas por los ciudadanos ante posibles irregularidades.